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Diario YA


 

Las propuestas para cambiar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en referencia a los que vivimos en el extranjero han sido ya estudiadas

Las vacaciones de los políticos sin haber solucionado los problemas de la diáspora

David Casarejos. Presidente del Consejo de Residentes del centro de Reino Unido. Consejero por Reino Unido en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Verano de nuevo, con esa sensación de que hay progreso en los asuntos que preocupan a la emigración española, pero ni se culminan los cambios legislativos ni se arreglan los problemas que llevamos demandando desde hace, en algunos casos, lustros.
Cuando se habla de emigración siempre viene a la cabeza un asunto que tanto Marea Granate como los Consejos de Residentes Españoles en el Exterior hemos estado llevando a la palestra desde el infame cambio que nos obliga a rogar el voto.
Las propuestas para cambiar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en referencia a los que vivimos en el extranjero han sido ya estudiadas. Igualmente cuentan con el consenso mayoritario para volver a una situación similar a la que teníamos en 2011 y que permitía que la diáspora contara de manera más activa en las composiciones del Congreso de los Diputados y del Senado, votando muy por encima del escaso 5% de participación habidas en algunos de los últimos comicios.
¿Qué ha hecho que no se progrese y se apruebe finalmente? Pues es fácil. No somos prioridad y lo demuestran cuando siguen con una calma inusitada los procedimientos para sacar la ley adelante. Mas de dos millones y medio de españoles no somos al parecer lo suficientemente importantes como para votar, o quizás seriamos un peligro al no tener los principales partidos nuestros votos asegurados.
El consenso en esta materia es claro y no hay grandes discrepancias, pero al parecer no es digno de que se apruebe a través de un Real Decreto que agilizaría y mucho su aprobación.
El voto rogado, siendo la estrella de las demandas de la ciudadanía en el exterior también viene seguida de cerca por la rectificación de los problemas que la Ley de Memoria Histórica en 2007 causaron. Errores en la redacción de esta ley dejaron a muchos españoles sin poder reclamar su nacionalidad.
Estos errores en parte se subsanan con la propuesta realizada hace escasas semanas en la Ley de Memoria Democrática.
Esta ley permitirá subsanar algunos de los errores, pero no todos, dejando de lado algunos de los casos que sí que contempla, sin embargo, la Ley de Descendientes de Sara Vilà Galán quien fue senadora por En Comú Podem.
La Ley de la Sra. Vilà Galán no dejaba dudas en cuanto a la extensión de casos que cubría, y que aplaudieron muchos colectivos de la ciudadanía española que estaban luchando por conseguir retomar la concesión de la nacionalidad a muchos que no pudieron en 2007.
Esta ley quizás habría que retomarla una vez que la Ley de Memoria Democrática sea aprobada, y poder así ir corrigiendo los problemas provocados por la falta de miras y flexibilidad de los dos partidos que han gobernado desde 2007.
Pero aquí no acaban los problemas de la emigración.
Votar y recuperar la nacionalidad son claves para poder tener mas fuerza dentro de las tomas de decisiones, pero igualmente importante es que haya algún plan de ruta para retomar el trabajo que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior estábamos llevando a cabo antes de que nos metieran en el congelador en junio de 2018.
Un organismo legitimo y representativo de la ciudadanía de la tercera provincia en número de población de España, la exterior, y que ha de reunirse anualmente, no lo ha hecho ni en 2019, ni en 2020, y a este ritmo vamos para récord si no nos convocan en 2021.
“Ha de reunirse anualmente” no lo digo yo, lo dice la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior que su articulo 10 dice “El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior es un órgano de carácter consultivo y asesor, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales” …y bien, desde 2018 parece ser que no existimos para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es quien nos acoge ahora.
“El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior funcionará en pleno y en comisiones. El Consejo General celebrará, al menos, una sesión ordinaria plenaria cada año y las sesiones extraordinarias que considere pertinentes el Presidente, bien por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, el cincuenta por ciento de sus miembros” nos dice el Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Pues de los dos párrafos anteriores podemos decir que claramente no se han tenido en cuenta. Por lo visto estas leyes y reales decretos si son referidos a la emigración no son más que “ciencia ficción” y no tienen más valor que cualquier panfleto que nos encontramos en la calle.
Pedimos el amparo al Defensor del Pueblo hace mucho tiempo, y se nos pidió paciencia, ya que un año o dos años de retraso no son suficiente, y ahora que hemos pasado el tercer año sin pleno nos preguntamos si el Defensor del Pueblo cree que este trato vejatorio hacia la diáspora ha sido en alguna ocasión replicado en cualquier otra institución del estado español.
Los políticos ya están de vacaciones. En septiembre empezaran de nuevo a deshojar la margarita de que es lo que importa y que es lo que no importa y se darán prisa en aprobar leyes que les permitan ganar votos y apoyos. La emigración esperaremos que en este curso ya por fin se aprueben las leyes que vayan mejorando nuestras vidas y nos aseguren que podremos participar de nuevo en condiciones dignas en las elecciones que vayan llegando.
Quizás una vez que podamos votar y volvamos a ver otra vez participaciones altas en las elecciones, entonces no se atrevan a intentar retirarnos derechos y nos tengan mas en cuenta.
Esperamos que tras las vacaciones se pongan manos a la obra y que en vez de repetirme en el 2022 diciendo los mismo que en 2021 y en 2020, hayan solucionado los problemas que ya cuentan con apoyo mayoritario.